La Comisión Europea ha confirmado que la obligatoriedad de la baliza V16 en España es compatible con el marco jurídico comunitario, despejando así las dudas que en las últimas semanas se habían planteado sobre su encaje legal. Desde el 1 de enero de 2026, este dispositivo luminoso conectado sustituye oficialmente a los tradicionales triángulos de emergencia para señalizar vehículos inmovilizados por avería o accidente.
La controversia surgió después de que trascendiera que el Gobierno español no había notificado por escrito determinados aspectos técnicos de la normativa a Bruselas, lo que dio pie a interpretaciones sobre una posible inseguridad jurídica. Este contexto fue aprovechado por determinados sectores políticos, que impulsaron una campaña cuestionando la supuesta “ilegalidad” del dispositivo y alertando sobre posibles restricciones al mercado interior europeo.
Sin embargo, en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y en respuesta escrita a diversas preguntas parlamentarias, el Ejecutivo comunitario ha sido claro: la normativa europea no se opone a la obligatoriedad de la baliza V16 en España. El dispositivo se ajusta al ordenamiento jurídico europeo y se enmarca en el objetivo de “mejorar aún más” la seguridad vial.
Desde la Dirección General de Movilidad de la Comisión se recordó que la medida respeta la Convención de Viena sobre circulación vial y que las autoridades españolas han ejercido las prerrogativas que dicha Convención permite en materia de señalización. Asimismo, se precisó que los conductores de vehículos matriculados en otros Estados miembros podrán seguir utilizando triángulos cuando circulen por España, mientras que los conductores españoles podrán emplear la baliza V16 en el resto de la Unión.
La Comisión sí subrayó que los requisitos técnicos exigidos a los fabricantes deben ser debidamente comunicados, en línea con las normas del mercado interior, extremo que corresponde tramitar a las autoridades nacionales.
Durante el debate parlamentario, algunos eurodiputados criticaron la implantación del dispositivo por considerar que genera costes adicionales y dudas jurídicas. Frente a estas posiciones, otros representantes defendieron que los Estados miembros disponen de un amplio margen de actuación en materia de seguridad vial y que la medida responde a criterios técnicos y de protección de los usuarios.
El representante comunitario destacó además que España presenta una de las tasas más bajas de mortalidad en carretera de la Unión Europea —35 víctimas por millón de habitantes, frente a una media europea de 44— y calificó al país como un “campeón de la seguridad vial”. En este contexto, subrayó que la baliza V16 contribuye a reducir riesgos, evitando que los conductores tengan que abandonar el vehículo para colocar triángulos en la calzada, además de incorporar geolocalización y visibilidad hasta 1.000 metros.
La Comisión de Peticiones mantiene abierto el expediente a la espera de recibir la posición formal por escrito, si bien el respaldo jurídico expresado por Bruselas refuerza la validez del modelo adoptado por España, cuyo objetivo prioritario sigue siendo la mejora continua de la seguridad en carretera.
