Rafael Vera, fue Director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid (1980/82) y Director de Seguridad del Estado (1982/84 y 1986/94)
En el bicentenario de la Policía Nacional, Rafael Vera recorre dos siglos de historia que son también dos siglos de transformación del Estado español. Desde su origen en 1824 hasta la modernización democrática y tecnológica actual, el artículo combina memoria institucional y experiencia personal. Especial atención merece la integración de cuerpos en 1986 y el difícil tránsito desde una policía heredada del franquismo a un modelo profesional y constitucional. Un texto que invita a reflexionar sobre seguridad, libertades y modernización democrática. Rafael Vera forma parte de la historia democrática de las Policías Locales y de la seguridad del Estado en los años más duros de la democracia. Por su extensión, SeguCITY ha dividido el artículo en dos partes, la que publicamos ayer 200 años del Cuerpo Nacional de Policía (1ª parte) | SeguCITY Digital y la que publicamos hoy.
Las Jornadas Municipales de Seguridad Ciudadana
Un cruce de llamadas, de petición de consejos, de experiencias, de valoración de funcionarios a tu cargo, de iniciativas pensadas o ya en marcha, eran excusas para encontrar explicaciones, apoyos, ideas y compromisos de encuentros y discusiones. Así empezó a funcionar lo que se convertiría en “Las Jornadas Municipales de Seguridad Ciudadana”, que se vinieron celebrando a lo largo de los años que siguieron a las primeras elecciones democráticas municipales de 1979.
Quiero mencionar a algunos de aquellos “pioneros” que me acompañaron con entusiasmo e ilusión en aquel proyecto: Guillermo Gutiérrez, de Sevilla; Andrés Moreno, de Palma de Mallorca; Juan de Justos, de San Sebastián de los Reyes; José Luis Machuca, de Cáceres; Virginio Fuentes, de Valencia; José Luis García Vega, de Getafe; José Guirao, de Cartagena; Antonio Figueruelo, de Barcelona; Emili Giralt, también de Barcelona, y muchos otros, ya perdidos en esa memoria atrofiada por el paso del tiempo.
De aquellas jornadas, con participación de muchos concejales, delegados y jefes de policía municipal, se articularon compromisos de homogeneización en la formación, uniformidad, promoción interna, reglamentos, equipos y perfiles para renovar a los máximos responsables operativos de los cuerpos de policía local. Los jefes de entonces, que habían estado a las órdenes de los últimos alcaldes del franquismo, se jubilaban y había que buscar sustitutos. Se recurrió, por consejo del entonces vicepresidente primero del Gobierno, teniente general Manuel Gutierréz Mellado, a militares jóvenes, algunos procedentes de aquellos tenientes, capitanes y comandantes recién expulsados de los Ejércitos, por su pertenencia a la UMD, un movimiento minoritario de militares que defendían la democratización de las Instituciones.
Al hilo de aquellas jornadas, una vez implementados los primeros pasos en el objetivo principal, la modernización de la Policía Municipal de Madrid me pareció conveniente ver la manera de incardinar las actividades de los policías locales con las estructuras de seguridad del Estado. Había comprobado que las relaciones entre policías de ámbitos distintos, en el caso de Madrid, no eran malas, pero se podían mejorar y sobre todo hacerlas pivotar sobre unas normas que homogeneizasen esas relaciones, y que fuesen de obligado cumplimiento. No dejarlas sometidas a la mala o buena relación personal entre agentes de distintos cuerpos.
Había viajado a Canadá, a participar en unos cursos de formación de jefes de Policía que se impartían en la capital, Ottawa, y en la ciudad de Quebec, invitado por Giralt y Figueruelo, ambos al frente de la policía municipal de Barcelona, la Guardia Urbana. Cursos de un contenido muy denso, especialmente dirigidos a comparar los modelos de policía de medio mundo, a las materias básicas de preparación para el ingreso en las plantillas municipales y regionales y a la organización de los servicios. Muy interesantes, pero partían de algo que aquí no cabía, de una filosofía que era imposible de aplicar en aquel cambio que estaba en marcha. Aquello, lleno de canadienses y, esto, de españoles. Tiempo perdido. La Real Policía Montada del Canadá, nada tenía que ver con la Guardia Civil española. Sin duda, me quedaba con la Guardia Civil. A pesar de la bonita casaca roja y del pantalón negro de montar, prefería el tricornio y el color verde del uniforme que permitía a los guardias camuflarse en el monte y dificultar su localización.
A la vuelta de aquella aventura, ya tenía en la cabeza la vía para desarrollar un proyecto de “modelo policial” para España. Ningún cambio revolucionario ni en la organización ni en la creación de algo totalmente nuevo, y mirando a los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Portugal, Alemania y muchos otros, nuestro modelo era muy semejante. Solo cabía racionalizar lo que había y, sobre todo, cambiar el talante de la gente que conformaban los Cuerpos de Seguridad, Policía y Guardia Civil. Mucha formación, exigencia en la selección y comprobación de la actitud del aspirante, además de la aptitud. Junto a esto, disciplina y promoción interna, libres de imposiciones y “enchufes”, y sometida a los méritos y capacidades.
El modelo policial: racionalización y estructura
Me puse manos a la obra, sin imaginarme que, a no mucho tardar, iba a dar el “salto” a una de las responsabilidades políticas más importantes, y que acabaría hipotecando el resto de mi vida, de la gobernanza: la Seguridad del Estado. Militaba en el PSM, en la agrupación de Chamartín. Mis avales para entrar en el PSOE habían sido los diputados Donato Fuejo y Pedro Bofill, que muy amablemente me invitaron a unirme al proyecto que lideraba Felipe González.
En esa agrupación, en Chamartín, en los meses previos al 29 congreso del PSOE, en el proceso de elección de los delegados que asistirían en nombre de la Federación Socialista madrileña, me presenté defendiendo una ponencia a incorporar en las resoluciones finales a debatir y a aprobar en el pleno congresual.
En el título primero, en el apartado 3, bajo el título “Libertades Públicas y Defensa de la Constitución”, en la página 25 se dice:
“Se impone pues la necesidad urgente e inaplazable de racionalizar los cuerpos de seguridad. En un esquema racional en el que se contemplará los distintos niveles funcionales y territoriales de actuación de los diferentes cuerpos de seguridad, el Partido Socialista propone el siguiente organigrama: “La Guardia Civil dependerá del Ministerio del Interior en tiempos de paz, y del Ministerio de Defensa en tiempos de guerra, pasando a desempeñar fundamentalmente todas aquellas funciones relativas al control de las fronteras, vigilancia de costas marítimas, resguardo fiscal del Estado y persecución del contrabando, desempeñando así mismo las funciones correspondientes al control riguroso en materia de posesión de armas y de policía judicial en el ámbito rural de aquellas comunidades autónomas que no tengan creada su policía o que así lo soliciten.
“La Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía deberán integrarse formando un solo cuerpo policial en el que habría policía de paisano y agentes de uniforme, en dos escalas diferentes y con una normativa concreta para el paso de la segunda a la primera; desempeñarían diferentes tareas: los policías de uniforme asumirán la prevención del delito y la presencia en la calle, así como el desarrollo de algunas funciones auxiliares y de intervención en caso de conflicto o tumulto. La investigación del delito correrá a cargo de los policías de paisano en su parte fundamental.
“Este cuerpo asumirá aquellas funciones relativas al crimen organizado y al terrorismo, así como la coordinación y análisis de la información, cubriendo de esta manera las parcelas del delito de mayor gravedad, complejidad y envergadura.
“La policía judicial a que se refiere el artículo 126 de la Constitución se constituirá bajo la dependencia del Ministerio Fiscal, Jueces y Tribunales y sobre la base de ese cuerpo nacional.
- Se mantiene la Guardia Civil.
- Se crea el Cuerpo Nacional de Policía, sobre la fusión del Cuerpo Superior de Policía con el de la Policía Nacional.
La ponencia aprobada, añadía una serie de consideraciones acerca de la importancia de complementar esta nueva racionalización de los cuerpos de seguridad, dependientes del Gobierno del Estado, con garantías en la formación, en la selección, en el control de sus funciones, en el trato correcto al ciudadano, en la disciplina, en la coordinación entre policías… etc. Además, recogía las policías municipales, y las de nueva creación en aquellas Autonomías que lo contemplaran. Esta parte de la ponencia de Libertades, la del nuevo modelo policial, fue redactada por mí, presentada y defendida en la comisión de la ponencia por mí, y en 1986 se convertiría en la base de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado (sic).
La transición y la integración de cuerpos policiales
Cuando tomé posesión de la Dirección de la Seguridad del Estado, en diciembre de 1982, dependían de mí las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía. La dirección de la Policía, creada hacia poco tiempo, cuando se desgajó de la antigua DGS (Dirección General de Seguridad), la dirigía un comisario del Cuerpo Superior de Policía y se coordinaba con la Inspección General de la Policía Nacional, que dirigía un general del Ejército con el cargo de Inspector General. Esto obedecía a pequeñas modificaciones que se habían implementado en los últimos años, en los que la preocupación de los gobiernos de UCD era vigilar y asegurarse de controlar los posibles movimientos involucionistas que se pudiesen gestar en el seno de estos colectivos.
En 1983, los sindicatos del Cuerpo Superior de Policía protagonizaron una serie de protestas y amenazas de huelga. Sus principales reivindicaciones eran la mejora de las condiciones salariales y profesionales, el reconocimiento del derecho de sindicación y huelga y la democratización y desmilitarización del cuerpo policial. Los dirigentes sindicales defendían que, como trabajadores, los policías debían tener derecho a la huelga y a la representación sindical, derechos de los que carecían en ese momento.
Dos fueron los sindicatos más beligerantes en aquel momento: el SPP (Sindicato Profesional de Policía) y la USP (Unión Sindical de Policía). Habría que añadir al sindicato mayoritario, en este caso todavía ilegal, de la Policía Nacional, el SUP (Sindicato Unificado de Policía), cuyo líder era un cabo primero sevillano, con el nombre de guerra clandestino “cabo Juan”. Aquellas amenazas, una de las cuales se sustanció el 29 de noviembre de 1983, durante dos días, con manifestaciones y protestas, se atendieron solo “servicios urgentes”. Se les permitió acudir a la manifestación, previo depósito del arma reglamentaria en sus lugares de destino.
La huelga del Cuerpo Superior de Policía en 1983 fue episodio clave en la transición democrática española, que puso de manifiesto la tensión, con un fuerte contenido político, entre el Gobierno y la Policía.
El colectivo de comisarios, el nivel máximo alcanzable en la carrera policial tenía su propio sindicato, salvaguardando de esta manera la jerarquía que, en un colectivo como el de los policías, era fundamental. Con ellos abrí la primera negociación, con vistas a definir la creación del actual Cuerpo Nacional de Policía.
Nuestra reacción, tratándose de un colectivo imprescindible para combatir el terrorismo galopante y las amenazas de involución, pivotó entre la firmeza y la apertura del diálogo y, salvo el comportamiento de dos funcionarios inspectores y dirigentes del SPP y la USP, Manuel Novás y Modesto García, que actuaban además por razones espurias, el diálogo se encauzó en busca de aquel modelo policial que salió del 29 Congreso del PSOE. En definitiva, había una gran coincidencia entre lo que buscaban los huelguistas y lo que el equipo ministerial pensaba desarrollar. Se formó una mesa de diálogo y negociación, que presidió el ministro Barrionuevo, pero que atendía yo en el día a día.
Fueron figuras clave, por parte de los comisarios, Rafael del Río, entonces director general de la Policía, y los comisarios José Soleto, Jesús Prol, Rodríguez Nicolás, García Juarranz, Jesús Merino, Félix Simón y Antonio Garrido, este último dirigía entonces el sindicato de Comisarios.
Integración de cuerpos y cambios estructurales
Lo verdaderamente complicado, con el resultado de diferentes daños colaterales, fue la negociación y la ejecución de la integración, en un solo cuerpo, de dos plantillas policiales con naturaleza y origen diferentes: los miembros del Cuerpo Superior de Policía, de naturaleza civil, y los de la Policía Nacional, de naturaleza militar. Los primeros, menos numerosos, cerca de 7.000 miembros, y los segundos alrededor de 50.000 policías uniformados. Los resultados fueron buenos, las consecuencias para algunos no tanto. Me lo hicieron pagar al cabo de los años.
Esto, aún siendo muy complicado, no sería lo que nos daría los “mayores dolores de cabeza”, que empezaron en el mismo momento en que los militares tomaron conciencia de que perdían el control de un colectivo poderoso, disciplinado y jerarquizado, sobre el que habían ejercido autoridad y disciplina militar, y que también había servido como destino de jefes, oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra. En aquel momento, se graduaban en la Academia de oficiales de la Policía Nacional, en El Escorial, la primera promoción de tenientes procedentes de la Academia General de Zaragoza del Ejército. Allí estuvimos Barrionuevo y yo, presididos por el SM el Rey Juan Carlos I, en la entrega de despachos a los nuevos oficiales.
Los dos últimos DAOs de la Policía Nacional, Eugenio Pino y Ángel González, son comisarios principales procedentes del Ejército.
