El Ayuntamiento de Granada ha decidido recurrir la sentencia judicial que anula el decreto mediante el cual se imponían servicios extraordinarios a la Policía Local para cubrir la pasada Semana Santa. Dicha sentencia es consecuencia de la denuncia presentada por el sindicato CSIF, que argumentó que los servicios extraordinarios fueron impuestos por decreto en un contexto de conflicto laboral relacionado con los nuevos turnos. Esta situación llevó a que los agentes se negaran a cubrir dichos turnos voluntarios.
El juez encargado del caso ha considerado que hubo un «abuso de poder» por parte del Ayuntamiento y ha reconocido el «daño moral» sufrido por los agentes, estableciendo una indemnización de 200 euros por cada día trabajado. Además, el juez ha señalado que el decreto vulneró los derechos de los trabajadores.
La concejala de Protección Ciudadana, Ana Agudo, ha defendido la actuación del Ayuntamiento, señalando que se vieron obligados a dictar el decreto para asegurar la celebración segura de la Semana Santa en Granada. Según Agudo, suspender la Semana Santa no era una opción viable debido a las importantes repercusiones sociales, económicas y culturales que ello habría supuesto para la ciudad, el comercio, la hostelería y las hermandades.
Agudo ha insistido en que la decisión fue tomada para preservar la seguridad y el interés general de la ciudadanía, y por tanto, debía prevalecer sobre otros aspectos. Asimismo, ha señalado que la sentencia no ha tenido en cuenta cuestiones clave como el interés general del evento ni el hecho de tratarse de un cuerpo de seguridad, razones por las cuales el Ayuntamiento ha decidido presentar recurso.
Mientras que el sindicato CSIF sostiene que la sentencia no es recurrible, tanto el área de Protección Ciudadana como los Servicios Jurídicos municipales afirman que sí lo es y procederán con el recurso, considerando que la interpretación del sindicato es errónea.
Valoración de la oposición socialista
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha criticado la gestión municipal, afirmando que el coste para los ciudadanos será de aproximadamente 40.000 euros, dado que se realizaron unos 200 servicios extraordinarios a 200 euros por día, cantidad que se suma a lo ya abonado por horas extra. Ruz ha calificado la situación como resultado de la imposición, improvisación y falta de diálogo de la alcaldesa Carazo.
Además, ha señalado que, pese a contar con 50 agentes más, se termina pagando más por una mala gestión de la Policía Local. Según Ruz, la imposición de estos servicios fue contraria a la normativa y la ley, tal y como advirtieron en comisión. Finalmente, ha recordado que la sentencia reconoce que los servicios extraordinarios siempre deben ser voluntarios, dando la razón a los sindicatos.
