El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Verín (Pontevedra) está investigando desde hace semanas un presunto delito de prevaricación administrativa que podría habría cometido el alcalde de esta localidad. Gerardo Seoane ha sido ya citado para prestar declaración en relación con su forma de actuar en un expediente sancionador propuesto por agentes de la Policía Local del municipio contra un vecino.
Los hechos tienen su origen en un incidente ocurrido a finales del mes de mayo de 2023, cuando dos agentes del cuerpo local denunciaron a un ciudadano por desobediencia, falta de respeto y negativa a identificarse ante la autoridad, infracciones recogidas en la Ordenanza de Civismo del Concello de Verín y castigadas con una multa de 1.000 euros.
El procedimiento sancionador se tramitó con normalidad hasta el mes julio, cuando el concejal delegado que debía resolver el expediente, se abstuvo alegando una relación de amistad con el denunciado. La responsabilidad de tomar las decisiones en relación al asunto pasó entonces al alcalde como superior jerárquico. Sin embargo, el regidor socialista habría rechazado firmar la resolución, a pesar de que la instructora del expediente ratificó que la tramitación se había realizado correctamente.
Meses después, el alcalde dictó un decreto dando por concluido el asunto, que para entonces ya había caducado, y apartándose de la propuesta de sanción, sin motivar su decisión.
Esta actuación motivó que los dos policías denunciantes pusieran los hechos en conocimiento del juzgado, algo que ocurrió en enero del 2025. La jueza encargada del caso abrió diligencias para determinar si hubo delito de prevaricación y ya ha tomado declaración a los dos agentes, a la secretaria y a la instructora del procedimiento sancionador. Tras estas comparecencias, decidió también citar al alcalde para declarar como investigado. Los dos agentes que impulsaron el caso querían personarse como acusación, si bien el fiscal del caso rechazó esa pretensión, limitando su participación en el asunto a la condición de testigos.
Otra causa pendiente
En estos momentos la causa continúa abierta a la espera de nuevas diligencias que clarifiquen si hubo o no responsabilidad penal en la actuación del primer edil de Verín, al que le consta otra causa judicial pendiente de dirimirse. El hombre que desde hace diez años ostenta el bastón de mando del Concello de Verín se sentará próximamente en el banquillo de acusados de un juzgado de lo penal por un delito de desobediencia grave que le atribuye la Fiscalía de Ourense, que reclama para él una condena de once meses de prisión.
El origen de todo está en una sentencia que se dictó hace cinco años en relación con un contrato municipal. Pese a los requerimientos que se le hicieron al regidor para que actuara conforme a lo que le decían los jueces, este habría obviado el contenido de la resolución.
El juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Ourense dictó en febrero del 2019 una sentencia en la que se condenaba al Concello de Verín a iniciar el expediente de resolución del contrato de servicio para el «suministro, instalación y mantenimiento de elementos para el control de la seguridad vial en el Concello de Verín con la entidad BV Verín UTE».
Sostiene el escrito de acusación que el alcalde era «perfectamente conocedor» del fallo, como también de que en en julio del 2021 ese mismo juzgado ordenó al consistorio la ejecución forzosa de aquella sentencia. Pero, «Lejos de atender los requerimientos y proceder a la ejecución de la sentencia y con total desprecio a las resoluciones judiciales, llevó un comportamiento inactivo», sostiene el informe de la acusación. Se cree, además, que el regidor inició otra actuación administrativa «totalmente dilatoria e inadecuada, en lugar de la correcta».
