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La Fiscalía no aprecia delito en las retribuciones extraordinarias percibidas por el jefe de la Policía Local de Artà

Los representantes de CC.OO.
Legislación y Tribunales
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Baleares ha archivado la denuncia presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. en julio del año 2024, por lo que consideraban una retribuciones «desorbitadas» del jefe de la Policía Local de Artà (Mallorca). Esta organización sindical había presentado un informe detallado a la Fiscalía para que investigase la legalidad del cobro de más de 110.000 euros por parte del mando policial solo en concepto de retribuciones extraordinarias durante los últimos seis años. CC.OO. consideraba que se podrían haber cometido los presuntos delitos de malversación o soborno de dinero público por parte del Ayuntamiento de Artà.

Como consecuencia de la denuncia presentada en verano del pasado año por CC.OO., la Fiscalía reclamó al Ayuntamiento la justificación de las retribuciones extraordinarias del jefe de la Policía Local. Según explica esta organización, el pasado mes de marzo de 2025 la institución municipal remitió a la Fiscalía todas las nóminas y las diferentes partidas salariales requeridas desde el año 2016 hasta la actualidad.

Después de analizar la documentación, la Fiscalía ha considerado que estas retribuciones extraordinarias están ajustadas a la normativa vigente. No ha advertido la existencia de indicios suficientes de la posible comisión de un delito y por ello ha archivado el procedimiento.

A raíz de esta decisión, el sindicato CC.OO. ha manifestado que «asume y acepta la resolución de la Fiscalía» al entender que no existen suficientes pruebas para determinar como delito el cobro de las citadas cantidades. No obstante, la organización sigue «convencida» de que, a pesar de que no puedan depurarse responsabilidades desde el punto de vista penal, el pago de estos emolumentos al mando policial en concepto de horas extras, productividad extraordinaria, actos festivos o prolongación de la jornada, «sobrepasa los límites éticos de las retribuciones que deben percibir los servidores públicos con determinadas responsabilidades, como es el caso de un jefe de la Policía de un ayuntamiento con una plantilla a su cargo de unos 15 agentes».

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