La Agencia Valenciana Antifraude sigue con una investigación abierta al Ayuntamiento de Benidorm por el pago presuntamente desorbitado de horas extras a un policía local, que es el marido de la portavoz del Partido Popular y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles.
La Agencia ha rechazado un recurso del Ayuntamiento para que se archivara la investigación “por haber caducado”. Pero, al contrario de esta solicitud, Antifraude ha solicitado más información, para saber si el cobro de los más de 7.000 euros por parte del agente en horas extra en 2021 y 2022 se habría hecho de manera regular.
La Agencia Antifraude, que lleva más de un año con la investigación, ha acotado las pesquisas a los años 2021 y 2022, ya que los ejercicios 2019 y 2020 estarían prescritos. En estos dos años, el policía cobró alrededor de 8.000 euros más en horas extra, montante que ya no es fruto de la investigación y que sí que estaba presente en la denuncia inicial.
Las retribuciones extraordinarias fueron abonadas por la Junta de Gobierno Local donde está presente Caselles, aunque fuentes del consistorio explicaron que la concejala se ausentó de las votaciones para no incurrir en una irregularidad.
Antifraude ha solicitado al ayuntamiento un informe extraído del aplicativo de nóminas anual con desglose mensual y detalle por conceptos retributivos percibidos por el agente en los ejercicios 2021 y 2022. También un informe de responsable de Recursos Humanos explicativo del número de horas brutas que aparecen en el listado de control horario del mes de agosto de 2021.
Otro informe de las horas semanales realizadas por la Policía Local en los años investigados y otro informe de Recursos Humanos sobre el agente y su jornada ordinaria efectivamente realizada, horas extraordinarias y horas de servicios de bolsa.
Además, desde Antifraude también reclaman certificados del secretario del Ayuntamiento de Benidorm sobre el acuerdo del consistorio para regular el trabajo de los policías locales y otro del interventor con las horas extra reconocidas en 2021 y 2022. La agencia ha dado 20 días hábiles al consistorio para contestar al requerimiento.
