El Ayuntamiento de Granada ha acordado la apertura de un expediente disciplinario al exjefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, tras concluirse que dos miembros del cuerpo —un inspector de Tráfico y un oficial— fueron objeto de presiones y hostigamiento profesional después de negarse a retirar sanciones impuestas a una diputada provincial del Partido Popular y a un alto cargo de la Junta de Andalucía.
La decisión se toma a partir del procedimiento interno activado por los propios agentes a través del protocolo de acoso laboral, que ha determinado que existieron actuaciones destinadas a menoscabar su labor profesional. Entre esas conductas, el informe recoge cambios injustificados de funciones, limitación del acceso a herramientas de gestión de denuncias y la utilización de quejas ciudadanas presuntamente manipuladas para justificar medidas disciplinarias.
Los hechos analizados se remontan a 2022, cuando los agentes sancionaron a dos conductoras sin conocer en ese momento su condición institucional. Tras recibir peticiones para retirar las multas y mantener su negativa, ambos comenzaron a sufrir actuaciones consideradas ahora como presiones indebidas. La investigación interna concluye que las siete quejas utilizadas para justificar su apartamiento representaban un porcentaje insignificante respecto al volumen de denuncias tramitadas en el mismo periodo, lo que refuerza la tesis del hostigamiento.
Este expediente disciplinario se enmarca en un contexto más amplio de investigaciones abiertas sobre la Jefatura, coincidiendo con actuaciones de la UDEF y la publicación de audios que apuntaban a presuntas injerencias en procedimientos sancionadores y en expedientes internos. El nuevo informe identifica además a las dos personas cuyas sanciones se trató supuestamente de retirar, un dato que no había trascendido oficialmente hasta ahora.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, ha firmado la apertura del expediente disciplinario contra el exjefe policial, que ya había sido apartado de su puesto durante las primeras actuaciones judiciales y policiales. El instructor del procedimiento interno plantea también la posibilidad de remitir los hechos a la Fiscalía, en caso de que se aprecien indicios de responsabilidad penal.
