El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado el recurso impulsado por los servicios jurídicos de CSIF Pontevedra y obliga al Concello de Poio a reactivar y finalizar el proceso selectivo para cubrir una plaza de inspector de la Policía Local incluida en la Oferta de Empleo Público de 2017. La Sala rechaza que el procedimiento haya caducado y reprocha al Ayuntamiento haber mantenido paralizada la convocatoria mientras sostenía al aspirante en situación de interinidad durante años.
El conflicto se remonta a la Oferta de Empleo Público de 2017 del Concello de Poio (municipio de más de 17.000 habitantes de la provincia de Pontevedra), en la que se incluía una plaza de inspector de la Policía Local. Las bases de la convocatoria se publicaron en 2020 y, en mayo de 2023, se hizo pública la lista definitiva de aspirantes admitidos, con un único candidato que debía afrontar las pruebas finales para culminar el proceso.
Sin embargo, pese a que el procedimiento se encontraba pendiente únicamente de la fase final, el Ayuntamiento no fijó fecha para su realización. Durante ese periodo, el aspirante fue nombrado inspector jefe en régimen de interinidad, situación que se prolongó en el tiempo mientras el proceso selectivo permanecía sin resolver.
Posteriormente, una denuncia penal presentada por un tercero contra dicho nombramiento motivó que el Concello acordase paralizar el procedimiento por razones de seguridad jurídica. No obstante, según recoge la sentencia, la denuncia no afectaba directamente al desarrollo del proceso selectivo. La causa fue finalmente archivada por los tribunales, que confirmaron la legalidad del nombramiento efectuado.
Pese al archivo judicial, el Ayuntamiento no reactivó la convocatoria ni estableció un calendario para las pruebas pendientes. Ante la solicitud expresa del aspirante para que se continuase con la tramitación, el gobierno local respondió alegando que el procedimiento había caducado por haber transcurrido el plazo de tres años previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechaza este argumento y considera acreditado que la demora es imputable a la propia Administración. La Sala señala que no puede invocarse una supuesta caducidad cuando la paralización deriva de su propia inactividad administrativa.
Asimismo, el alto tribunal aprecia un trato desigual, al constatar que el Concello sí culminó otros procesos selectivos correspondientes a la misma Oferta de Empleo Público de 2017, mientras mantenía bloqueado el relativo a la plaza de inspector sin una motivación objetiva o técnica que lo justificase. En consecuencia, obliga a la corporación local a reanudar el procedimiento, fijar fecha para las pruebas pendientes y completar la cobertura definitiva del puesto.
La resolución destaca además que no existe perjuicio para terceros, dado que solo hay un aspirante admitido. Esta circunstancia permite conservar los actos administrativos ya realizados y continuar el proceso desde el punto en que quedó interrumpido, sin necesidad de retrotraer actuaciones ni iniciar una nueva convocatoria.
En su argumentación, el tribunal remarca que no puede ser excusa para no continuar el procedimiento, el hecho de que haya una persona –el propio demandante- ocupando el puesto en interinidad, y en este sentido, se reafirma sobre la dejadez o pasividad contraria a derecho del Concello de Poio.
Desde CSIF Pontevedra valoran positivamente el fallo y recuerda que el Concello de Poio, por su volumen de población, está obligado a contar con un puesto de inspector en la estructura de su Policía Local, por lo que la falta de cobertura definitiva no solo afectaba al trabajador implicado, sino también a la organización del servicio y a la seguridad pública municipal.
