Integrantes de las asociaciones animalistas El Gato Genovés y Barrio Felino han presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia contra el Ayuntamiento de Cádiz, la Policía Local, el servicio municipal de recogida de animales (si existe) y cualquier otra persona responsable. Sostienen que agentes municipales obstaculizan la presentación de denuncias por maltrato animal y, de manera sistemática, se niegan a investigar estas denuncias, especialmente las relacionadas con el abandono. No es la primera vez que las asociaciones presentan una queja por la ausencia o el deficiente funcionamiento del servicio de recogida de animales.
Las asociaciones recogen declaraciones de ciudadanas y ciudadanos que encuentran animales domésticos abandonados, sobre todo gatos, y mencionan en particular el caso de un felino hallado el día 14 de agosto. Relatan que el animal, claramente doméstico y asustado, llevaba al menos tres días en el lugar. Vecinas y vecinos aseguran haber llamado a la Policía Local, pero nadie acudió; incluso una persona foránea se presentó en comisaría, donde no obtuvo ninguna solución. Otro testimonio relata cómo la Policía solo puso excusas y no utilizó el lector de microchips; además, la presidenta de Barrio Felino intentó contactar con la Policía Local, pero le colgaron el teléfono. Los animalistas insisten en que se trata de un caso claro de abandono.
Según los activistas, las personas que intentan denunciar por teléfono o en persona suelen recibir respuestas evasivas: se les indica que el maltrato animal no es competencia de la Policía Local ni del Ayuntamiento, y se les deriva a protectoras de animales. Si alguna persona acude a comisaría para denunciar, no se le toma declaración; en su lugar, le aseguran que atenderán el caso, pero no acuden. Quienes insisten son instadas a capturar el animal por cuenta propia y trasladarlo a la comisaría, donde podría leerse el microchip, aunque advierten que la Policía no asumirá la custodia del animal y la persona denunciante deberá hacerse cargo de él.
Las consecuencias de la inhibición policial
Las asociaciones sostienen que, debido a esta actitud, muchos casos de abandono y maltrato animal quedan sin investigar, sin expediente y sin sanción, como recogen los artículos correspondientes del Código Penal.
Señalan que los propios funcionarios parecen tener conciencia de que no están cumpliendo la normativa. Mencionan intentos de verificación del servicio de atención telefónica, donde la persona encargada rehúsa identificarse, proporcionar información o continuar la llamada, e incluso cuelga y posteriormente ignora las rellamadas.
Ambas asociaciones recuerdan que la Policía Local debe acudir al lugar, leer el microchip e investigar posibles delitos de maltrato por abandono. Reconocen que la Policía carece de medios homologados para el transporte y custodia de animales, por lo que no pueden quedarse con ellos en comisaría.
Aclaran que ni particulares ni asociaciones están obligadas a hacerse cargo de animales abandonados, ya que no cuentan con la capacidad para cumplir el protocolo legal, que exige cuarentena y un plazo de diez días por si aparece el tutor. En caso de adopción, es imprescindible cumplir la ley mediante contrato, castración y microchip, evitando así reincidencias en el abandono.
Finalmente, recuerdan que la ley establece que el servicio de recogida de animales, vivos o muertos y abandonados, debe estar disponible los 365 días del año y las 24 horas del día.
