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Convocadas 137 plazas de agente para las Policías Locales de Castilla y León

Foto Policía Municipal de Valladolid
Buenas prácticas

Son un total de treinta y tres los ayuntamientos de la Región cuya selección de aspirantes a la Policía Local será gestionada por la Junta de Castilla y León, según la publicación realizada en el BOE de fecha 25 de Junio.

Las plazas ofertadas son las que figuran entre paréntesis, para cada uno de los municipios:  Valladolid (38), Burgos (18), Palencia (10), Zamora (4) y Segovia (3), figuran localidades como Ponferrada (2), Medina del Campo (5), Arroyo de la Encomienda (6), Laguna de Duero (3), Miranda de Ebro (5), Íscar (2), Simancas (2), Tordesillas (2), Peñafiel (3), Pedrajas de San Esteban (1), Herrera de Pisuerga (1), Cuéllar (2), El Espinar (2), Arenas de San Pedro (2), Arévalo (3), Astorga (3), Bembibre (3), Benavente (1), El Burgo de Osma (2), El Hoyo de Pinares (1), Las Navas del Marqués (1), Medina de Pomar (3), Peñaranda de Bracamonte (2), San Andrés del Rabanedo (1), Santa Marta de Tormes (1), Toro (3), Valverde de la Virgen (1) y Villamayor (1).

El  plazo de presentación de instancias está abierto hasta el día 15 de Julio. De estas 137 plazas, un total de 47 corresponden al turno de movilidad y 3 plazas se reservan a personal militar profesional de tropa y marinería. La Orden de Convocatoria del proceso selectivo unificado está recogida en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 11 de junio.

Entre los requisitos exigidos a los opositores se ha eliminado la altura mínima. Se mantiene la nacionalidad española, bachillerato o título equivalente, carecer de antecedentes penales y permisos para conducir motocicletas y turismos, debiendo, además, presentar un certificado médico que acredite su aptitud física.

El proceso selectivo contempla pruebas físicas, psíquicas y teóricas, estas últimas con un ejercicio tipo test y otro práctico. Se tiene la previsión finalizar el proceso selectivo en el mes de diciembre.

La realización de dicho proceso de manera unificada contribuye a lograr una efectiva colaboración interadministrativa, supone una racionalización de los esfuerzos de las diversas administraciones públicas, así como del gasto público y ahonda en la función de coordinación de la Policía Local, que asume la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

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