Joan Carles de Blas, agente de la Guardia Urbana de Barcelona
¿Y si avanzamos hacia una policía local-autonómica en España?. Llevamos años hablando de falta de plantilla, dificultades presupuestarias, negociaciones sindicales tensas y complejas, problemas para cubrir vacantes, desigualdad de medios y brechas entre municipios grandes y pequeños entre otras cuestiones. Pero pocas veces abordamos la raíz del problema: el modelo policial que obliga desplegar la Ley Orgánica de CFS 2/1986.
La Ley Orgánica de CFS 2/1986 diseñó un sistema donde las policías locales forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero bajo dependencia orgánica municipal y coordinación autonómica. Ese equilibrio ha funcionado durante décadas. Hoy, 40 años después, empieza a mostrar signos de agotamiento que empiezan a tensionar la seguridad local en los municipios.
Más de 8.000 ayuntamientos. Cientos de cuerpos de policía local distintos. Realidades salariales dispares. Equipamientos heterogéneos. Capacidades operativas desiguales. Y, sin embargo, demandas ciudadanas cada vez más complejas y homogéneas: violencia de género, convivencia intercultural, grandes eventos, fiestas populares, actos deportivos sin fin, seguridad vial avanzada, ciberdelincuencia, gestión de emergencias y protección civil.
La pregunta incómoda es evidente: ¿Tiene sentido mantener esta fragmentación y atomización estructural del servicio de seguridad local?
Un cuerpo único autonómico no sería una idea descabellada.
Plantear una Policía Local Autonómica única en cada comunidad autónoma no significa eliminar la proximidad. Significa reorganizarla y hacer extensiva allí donde no llega.
Un modelo de este tipo permitiría:
- Garantizar servicio policial profesional a todos los municipios, incluidos los que hoy no alcanzan a tener capacidad para crear sus propios cuerpos de policía local.
- Homogeneizar formación, carrera profesional y condiciones laborales.
- Centralizar compras, tecnología y sistemas de información.
- Crear unidades especializadas compartidas (violencia de género, policía administrativa compleja, deontología y asuntos internos, protección de autoridades, apoyo de orden público, análisis de datos e inteligencia, etc.)
- Facilitar movilidad interna y aprovechamiento real del talento femenino y masculino.
- Reducir desigualdades profesionales.
El municipio seguiría siendo el espacio de prestación del servicio, pero la estructura organizativa, la gestión de personal y los estándares operativos serían autonómicos.
¿Qué habría que cambiar?
Cabe destacar que no es una reforma menor. Implicaría modificar la arquitectura sobre la que se asienta el actual modelo en España de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, redefiniendo el encaje competencial de las policías locales dentro del sistema de seguridad pública.
Implica también adaptar las leyes autonómicas de coordinación de policías locales – como ocurre en Cataluña- y respetar el marco competencial de aquellas comunidades que ya cuentan con cuerpo de policía autonómica sin entrar en competencia o duplicidad.
En el caso de las grandes ciudades de Madrid y Barcelona, con regímenes especiales y leyes propias, debería reconocerse su especificidad organizativa dentro de la estructura del cuerpo autonómico, manteniendo singularidades operativas pero integradas en una gran Policía Municipal Autonómica.
No se trataría de recentralizar. Se trataría de racionalizar para estar presentes en todo el mundo local. Hay un consenso que ya está pidiendo a gritos una reforma.
La realidad es que muchas alcaldías -especialmente de municipios pequeños y medianos- reclaman soluciones estructurales al actual modelo. También capitales de provincia que ven cómo las tensiones de plantilla y presupuesto se cronifican.
Este debate no puede quedar en una reflexión académica o de tema para trabajos de fin de máster. Necesita liderazgo institucional. Y ese liderazgo a mi juicio debería asumirlo la Federación Española de Municipios y Provincias.
La FEMP es el espacio natural para articular una posición común del municipalismo español, como ya lo hizo en el caso de la jubilación anticipada en los cuerpos de policía local.
Si existe un consenso transversal en materia de financiación local, también puede construirse en materia de seguridad pública local. El verdadero debate debe abrirse y provocarse.
La proximidad no depende de la dependencia administrativa como ya ha demostrado el cuerpo de los Mossos de Esquadra en Cataluña allí donde llega a prestar servicio, sino del despliegue territorial y de la cultura organizativa.
Un cuerpo de policía local autonómico bien diseñado puede seguir siendo policía de barrio, de pueblo y de proximidad. Pero con respaldo estructural sólido, carrera profesional clara y sostenibilidad presupuestaria.
La alternativa es continuar con un modelo fragmentado y atomizado, donde algunos municipios pueden garantizar excelencia en el servicio a sus ciudadanos y otros sobreviven con mínimos generando una desigualdad creciente.
La seguridad pública local necesita un nuevo marco legal sobre el que sustentarse y desarrollarse en el segundo cuarto del siglo XXI, no soluciones parciales cada cuatro años en promesas electorales municipales que luego chocan con una realidad que hace de freno.
La pregunta no es si es posible. La pregunta es si hay la suficiente valentía política para abrir el debate y llegar a consensuar nuevos escenarios. Y ese debate debe empezar ya.
