El Juzgado de Instrucción ha citado como investigados a la concejala de Seguridad, al jefe del área municipal y al perito que inspeccionó la atracción, en el marco de la causa por el fallecimiento de un vecino tras el colapso del Saltamontes en las fiestas de Matamá en agosto de 2024. También ha pedido información sobre si se le ordenó a la Policía Local precintar la atracción.
El Tribunal de Instancia de Vigo, sección de Instrucción, plaza 3, ha acordado nuevas citaciones en la causa abierta por el accidente mortal registrado durante las fiestas de la parroquia de Matamá, cuando una atracción de feria conocida como ‘Saltamontes’ sufrió una grave avería estructural. La investigación judicial amplía ahora su alcance hacia el ámbito municipal y los controles técnicos previos al siniestro.
Los hechos se produjeron en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos de la atracción se rompió mientras estaba en funcionamiento. Como consecuencia de la caída, Iván C.H., de 36 años, resultó gravemente herido y falleció posteriormente a causa de las lesiones sufridas.
En el marco de las diligencias, la magistrada ha citado a declarar en calidad de investigada a la concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño. Junto a ella, también han sido llamados a comparecer, el próximo 3 de febrero, el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M., y el perito responsable de la inspección anual del aparato, Antonio L.A.
Hasta este momento, figuraban como investigados el propietario de la atracción, G.M.M.D.S.; el presidente de la comisión de fiestas, C.G.M.; y la propia comisión organizadora. El dueño del ‘Saltamontes’ declaró ante la jueza en abril de 2025, acogiéndose a su derecho a no declarar, mientras que el presidente de la comisión defendió su inocencia y solicitó el archivo de las actuaciones respecto a su persona.
Durante la instrucción, el juzgado ha reclamado diversa documentación e informes con el objetivo de esclarecer el sistema de control y supervisión de este tipo de instalaciones. Entre otras cuestiones, se ha solicitado al Ayuntamiento de Vigo que detalle si se adoptaron medidas para impedir el montaje de la atracción, al constar que no contaba con autorización municipal, así como si se incoó algún expediente sancionador.
Asimismo, la magistrada ha requerido información sobre si se ordenó a la Policía Local el precinto del ‘Saltamontes’ y sobre la inexistencia de un plan municipal específico de inspección de atracciones de feria. También se investigan las razones por las que el consistorio decidió prohibir este tipo de instalaciones en las fiestas del verano de 2025.
Tres días después del accidente, el gobierno municipal difundió un comunicado en el que aseguraba que la atracción no había sido autorizada por falta de documentación y que dicha denegación había sido comunicada tanto al propietario como a la comisión de fiestas. Posteriormente, el Ayuntamiento afirmó que la Policía Local había inspeccionado el recinto festivo la víspera del siniestro sin detectar actividad de esa atracción concreta.
El caso ha generado un intenso debate político. Los grupos municipales del PP y del BNG solicitaron explicaciones a la concejal de Seguridad y pusieron en duda que, en ausencia de autorización, no se hubiese procedido al precinto policial del aparato. El PP sostuvo además que el mismo ‘Saltamontes’ habría estado operativo días antes en la parroquia de Beade, también sin permiso municipal, y promovió una comisión de investigación que solo contó con el apoyo del BNG. El grupo socialista votó en contra, apelando a no interferir en la investigación judicial.
La causa continúa abierta a la espera de las nuevas declaraciones y del análisis de la documentación recabada, que deberá determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas derivadas del accidente.
