El Ayuntamiento de Plasencia deberá hacer frente a un desembolso de 232.000 euros como consecuencia de la incorporación con tres años de retraso de dos agentes de la Policía Local que habían superado el proceso selectivo convocado en 2021. La resolución judicial establece el pago de las nóminas no percibidas y de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
Los dos agentes afectados aprobaron el concurso-oposición junto a otros aspirantes que sí se incorporaron al servicio en enero de 2022. Sin embargo, ellos no tomaron posesión hasta enero de 2025. Tras recurrir la decisión municipal, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres ha dado la razón a los policías, obligando al consistorio a regularizar su situación económica.
Según se expuso en el último pleno municipal, el importe total a abonar asciende a 232.263,90 euros. De esta cantidad, 169.152,94 euros corresponden a salarios atrasados —84.576,47 euros para cada agente— y 63.110,96 euros a las cotizaciones a la Seguridad Social no ingresadas durante el periodo en el que debieron haber estado en activo.
El concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, explicó que el origen del problema se encuentra en un “error del tribunal” del proceso selectivo, aunque recalcó que el Ayuntamiento asume la responsabilidad derivada de esa actuación. En sus declaraciones, insistió en que no se trató de una falta de planificación ni de voluntad política, sino de una situación compleja desde el punto de vista administrativo y jurídico.
Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, detalló que tras la finalización del concurso-oposición existe un plazo para que los aspirantes aprobados manifiesten formalmente su interés en incorporarse a la administración. En este caso, los dos agentes lo hicieron fuera del plazo establecido, lo que llevó al Ayuntamiento a solicitar informes jurídicos ante el posible perjuicio a otros aspirantes que figuraban a continuación en la lista.
El equipo de gobierno optó entonces por no admitir la documentación presentada fuera de plazo, entendiendo que esa decisión se ajustaba a la legalidad vigente. No obstante, el criterio municipal no ha sido respaldado por la Justicia, que ha considerado que los agentes debían haber sido incorporados en su momento y, por tanto, tienen derecho a percibir los salarios dejados de percibir.
Este caso vuelve a poner el foco en la importancia de una gestión rigurosa de los procesos selectivos en las Policías Locales, tanto para garantizar la seguridad jurídica de los aspirantes como para evitar costes económicos relevantes para las administraciones municipales.
