En las últimas semanas, la baliza V-16 –un simple dispositivo de preseñalización de peligro– se ha convertido en el nuevo proyectil arrojadizo contra el Gobierno en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Lo que debería ser un debate técnico y sereno sobre seguridad vial se ha transformado en una campaña de ruido, sospechas y desinformación con un claro objetivo de desgaste político, impulsada en gran medida desde entornos de la extrema derecha, sin reparar en las consecuencias que este discurso puede tener sobre la protección de los conductores.
Como profesionales de la seguridad vial, no podemos mirar hacia otro lado cuando un elemento pensado para salvar vidas se presenta a la ciudadanía como una supuesta “estafa”, un “nuevo impuesto encubierto” o un mecanismo de “control estatal”. No estamos ante una simple discrepancia política: estamos ante una utilización irresponsable de la seguridad vial como arma de confrontación.
Qué es y que no es la V-16
A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V-16 conectada será el único dispositivo legal para señalizar averías y accidentes, sustituyendo a los triángulos tradicionales. El objetivo de este elemento es claro: evitar que el conductor tenga que salir del vehículo y caminar por el arcén, una de las situaciones de mayor riesgo de atropello, especialmente en vías de alta velocidad.
¿Es un sistema perfecto? Seguramente no, como tampoco lo son los actuales triángulos, en cuya colocación se han producido varias muertes. Existen dudas técnicas razonables: autonomía de la batería, funcionamiento en zonas sin cobertura, fijación en determinados tipos de carrocería, potencia luminosa, etc. Es legítimo debatir sobre estas cuestiones con datos y criterios técnicos. Pero lo que no es legítimo es sustituir el debate por la intoxicación.
Bulos desmontados por la DGT y la Agencia de Protección de Datos
Uno de los episodios más preocupantes de esta campaña ha sido la ola de desinformación sobre el supuesto “rastreo permanente” de los vehículos mediante la V-16. En redes sociales se ha llegado a afirmar que la baliza permitiría “vigilar todos tus movimientos” o “saber por dónde circulas en todo momento”.
Ante la magnitud del bulo, tanto la Dirección General de Tráfico como la Agencia Española de Protección de Datos se vieron obligadas a desmentirlo de forma categórica: la baliza solo transmite la ubicación cuando se activa en caso de avería o accidente; no existe ningún sistema de seguimiento continuo; no se asocian datos personales del conductor a esa señal; y el tratamiento de la información cumple estrictamente la normativa de protección de datos.
Que dos organismos públicos tengan que salir a apagar un incendio de desinformación en un asunto de seguridad vial ya es, por sí mismo, un síntoma grave del clima de manipulación que un determinado sector ideológico ha generado.
Desde que la DGT ha intensificado la información institucional sobre la futura obligatoriedad de la V-16 conectada, determinadas cuentas y espacios digitales han transformado el asunto en una ofensiva política en toda regla. Se habla de “negocio del Gobierno”, “imposición ideológica” o “nuevo robo al ciudadano”, mensajes amplificados por perfiles vinculados a la extrema derecha y por algunas plataformas mediáticas de marcado sesgo ideológico.
Incluso se han promovido campañas de recogida de firmas bajo el argumento de que la baliza es “otra forma de multarte”, simplificando de forma deliberada una medida de prevención en un eslogan de confrontación.
Desgraciadamente, el patrón es ya clásico: mensajes emocionales y de agravio; datos inflados o directamente falsos; teorías conspirativas sobre intereses ocultos; y una estrategia clara: convertir cualquier política pública en munición electoral, aunque esté enfocada a salvar vidas.
La trampa de la polarización política: cuando las víctimas dejan de importar
El mayor peligro de todo esto no es el desgaste a un gobierno concreto. El peligro real es que se instale la idea de que cumplir una norma de seguridad depende del color político de quien la impulsa. Hoy es la V-16, ayer fueron el carnet por puntos, los límites de velocidad o los controles de alcoholemia, y mañana puede ser cualquier otro sistema de protección.
Cuando la seguridad vial se mete de lleno en la trinchera ideológica, las víctimas dejan de ser el centro del debate. Y para quienes tenemos la responsabilidad profesional de incrementar la seguridad vial, esa pérdida de enfoque es sencillamente inadmisible.
Por eso, desde un enfoque estrictamente profesional quiero destacar tres ideas clave:
1º) La seguridad vial no debería ser bandera de ningún partido político. Puede criticarse la gestión, los plazos o la comunicación, pero no dinamitar una medida preventiva por puro interés político.
2º) La desinformación tiene consecuencias operativas reales. Cada conductor que desprecia una norma porque ha leído un bulo es un riesgo añadido para sí mismo y para los profesionales que acuden después a auxiliarle.
3º) Nuestro deber profesional es explicar con rigor y neutralidad. Qué es la V-16, qué ventajas tiene, qué limitaciones presenta, qué exige la normativa y qué es falso de todo lo que circula en redes.
España sigue teniendo un desafío enorme en siniestralidad vial. Cada avance tecnológico, por pequeño que sea, debe evaluarse con datos y corregirse con criterio, pero también con una premisa clara: si puede reducir un solo atropello en el arcén, merece al menos un debate honesto.
Usar la V-16 como símbolo de combate ideológico es una irresponsabilidad. Alimenta la desconfianza, frena la cultura preventiva y expone a mayor riesgo a conductores, agentes y servicios de emergencia.
