La crisis abierta en la Policía Local de Laviana (Asturias), con un 80 % de la plantilla de baja médica simultánea, ha puesto de manifiesto un doble fracaso: la incapacidad del Gobierno municipal para encontrar una solución negociada y la deriva de los sindicatos hacia una forma de presión que excede los cauces legales de la acción reivindicativa en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tras solicitar el Ayuntamiento la intervención “indefinida” de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para cubrir el servicio, el sindicato CSIF, mayoritario en el cuerpo policial, ha acusado al Consistorio de “negligencia organizativa”, “abandono institucional” y “presunto acoso laboral”. El Gobierno local, por su parte, considera que la situación es “inverosímil” y señala la “llamativa sincronía” en la presentación de las bajas, insinuando que podría tratarse de una acción concertada para alterar el funcionamiento del servicio.
El Ayuntamiento, incapaz de ordenar el servicio ni encauzar el conflicto
El relato municipal evidencia un problema de fondo: falta de liderazgo, falta de planificación y ausencia de una interlocución efectiva con la plantilla. La inexistencia de un jefe de Policía Local, con la jefatura recaída directamente en el alcalde, muestra un vacío estructural difícilmente justificable. La propia representación sindical advierte que esta situación coloca al regidor en un escenario para el que no tiene formación ni capacidad técnica, generando inseguridad jurídica para los agentes.
A esto se añaden deficiencias materiales graves, como que el único vehículo policial con mampara lleve semanas fuera de servicio, afectando a intervenciones sensibles, incluidos un homicidio y un caso de violencia de género.
Sin un mando operativo, con medios insuficientes y sin una estrategia de gestión de personal clara, el Ayuntamiento parece haber permitido que el conflicto creciera hasta un punto crítico. La urgencia de recurrir a otros cuerpos policiales revela, en realidad, el fracaso de una gestión municipal que no ha sabido prevenir ni resolver una situación que se venía deteriorando desde hace tiempo.
… y una respuesta sindical que desborda la legalidad
Sin embargo, el conflicto no puede analizarse únicamente desde la óptica de la mala gestión política. La coincidencia masiva de bajas médicas, aun cuando cuenten con respaldo médico, plantea serias dudas sobre un posible uso instrumental de un mecanismo reservado para situaciones personales de salud y no para ejercer presión laboral.
Aunque CSIF insiste en que la situación deriva de la “presión asistencial y el abandono institucional”, el recurso a una acción de este tipo —si fuera efectivamente concertada— constituiría una medida de presión no amparada por el derecho, ajena a los procedimientos legales de reivindicación laboral en la Policía Local y lesiva para un servicio público esencial.
En un cuerpo policial, donde la disponibilidad y la continuidad operativa afectan directamente a la seguridad ciudadana, recurrir a prácticas que puedan interpretarse como una baja colectiva coordinada supone un riesgo grave y una vulneración de los mecanismos legítimos de negociación.
