La Agencia Valenciana Antifraude ha solicitado nuevamente la anulación de una permuta entre agentes de la Policía Local, tras recibir una denuncia relacionada con la presunta compraventa de plazas en municipios de la Comunidad Valenciana. La resolución, publicada el 29 de noviembre y correspondiente a una denuncia presentada en 2023, concluye que no se cumplen los criterios necesarios para considerar válidas las resoluciones adoptadas sobre dicha permuta.
El organismo encargado de la prevención del fraude señala que no ha abordado la cuestión principal de si existió o no intercambio monetario entre los agentes implicados, ya que carece de competencias para solicitar esta información a los denunciados. Por ello, su análisis se centra en la validez de los acuerdos adoptados por los dos ayuntamientos implicados, cuyos nombres no se han hecho públicos.
Según el escrito de la Agencia, la denuncia recibida hace referencia a una “presunta retribución económica entre los agentes implicados”, especialmente relevante porque uno de ellos estaba próximo a la jubilación. Además, se apunta a un “presunto fraude de ley” al no haberse incluido en los informes técnicos la normativa aplicable al proceso de permuta.
Falta de justificación y motivación
Antifraude constata que las administraciones locales no aplicaron las previsiones establecidas en el artículo 76.5 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell. En los acuerdos analizados, no consta justificación alguna para recurrir a este sistema excepcional de permutas ni se detallan las razones de interés público o de mejora del servicio que lo ampararían. Tampoco se han elaborado informes sobre la trayectoria profesional de los agentes ni existe justificación de la necesidad de cambiar las plazas.
Asimismo, la Agencia señala la ausencia del informe preceptivo favorable de la secretaría municipal en los expedientes de permuta, tal y como exige el artículo 76.5 del Decreto 3/2017. Además, se detecta el incumplimiento del requisito de permanencia recogido en el artículo 76.3 del mismo decreto, pues algunos funcionarios permutantes se jubilaron inmediatamente después de tomar posesión en los municipios de destino.
Requisitos para la validez de las permutas
Las permutas deben estar debidamente justificadas y los agentes tienen que cumplir ciertos requisitos, como no haber participado en otra permuta en los últimos diez años y permanecer al menos un año en activo tras el traslado.
Este caso recuerda a otro reciente ocurrido en el Ayuntamiento de València, donde la compraventa de plazas por parte de agentes cercanos a la jubilación se ha repetido en varias ocasiones. El consistorio, actualmente gobernado por PP y Vox bajo la alcaldía de María José Catalá, ha decidido restringir las permutas únicamente a situaciones de conciliación familiar, a raíz de las denuncias sobre el mercado negro de plazas. Sin embargo, el ayuntamiento ha rechazado revisar las permutas cuestionadas por Antifraude y considera que, de haberse producido un pago, se trataría de un asunto entre particulares.
