Desde el pasado 23 de agosto, la Policía Local de Vigo ha dejado de realizar pruebas de detección de drogas a conductores, incluso en casos donde los agentes tienen claros indicios de que están bajo los efectos de estupefacientes.
Esto responde a la falta de material para realizar los test y a las limitaciones del contrato firmado por el Ayuntamiento con el laboratorio encargado del análisis de las muestras. El contrato establece un número máximo de análisis al año, y a estas alturas de 2025, esa cifra está prácticamente alcanzada, lo que ha obligado a suspender de forma generalizada la realización de estas pruebas.
Según fuentes internas, la situación se mantendrá previsiblemente hasta principios de 2026, cuando entre en vigor un nuevo contrato.
La orden especifica que los test de drogas solo se podrán realizar en casos excepcionales, como accidentes graves o situaciones que puedan derivar en una causa penal. Esto ha generado malestar entre los agentes, que denuncian una falta de previsión y una gestión deficiente por parte del Concello.
A pesar de que un test positivo por drogas implica una sanción administrativa de 1.500 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir —independientemente de la sustancia consumida—, solo se tramita por vía penal si el conductor muestra signos externos evidentes de incapacidad para conducir. Sin pruebas, los agentes no pueden iniciar ni siquiera el procedimiento administrativo.
Mientras tanto, la seguridad vial queda comprometida y los agentes, según denuncian internamente, se ven imposibilitados de actuar ante situaciones evidentes de consumo de drogas al volante.
