El Ayuntamiento de Orihuela ha abierto un expediente disciplinario por falta grave al comisario la Policía Local, José María Pomares, a raíz de los hechos recogidos en unas denuncias que interpuso en abril un agente por una presunta desobediencia por parte del mando policial. Se ha nombrado instructor de este procedimiento al comisario de la Policía Local de Castellón y como secretario, a un oficial de la Policía Local de Orihuela.
Además, se han adoptado medidas cautelares como la adscripción temporal -y forzosa- de funciones a otro puesto de trabajo. En concreto, a la vacante de un puesto de Técnico de Administración General en la oficina de la calle Soleres para el desempeño de funciones jurídicas y elaboración de ordenanzas que se le encomienden relacionadas con la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta su formación jurídica y experiencia profesional.
Según fuentes del gobierno municipal, con esta medida cautelar “se pretende preservar el orden, evitando que se sigan dictando circulares, órdenes y cambios de puesto, etc., como pone de manifiesto la denuncia, que incumplan el Reglamento de la Policía Local, la legalidad y el buen funcionamiento del servicio”.
El Consistorio considera estas medidas cautelares las menos gravosas, ya que la suspensión provisional conlleva, mientras dure, la pérdida de las retribuciones correspondientes al complemento específico y a las gratificaciones por servicios extraordinarios. El cambio de puesto, en cambio, permite a Pomares poder seguir trabajando y cobrando las retribuciones de su puesto de origen de forma íntegra, sin suponer un perjuicio económico, además de poder disfrutar los días de vacaciones, asuntos particulares, cursos y otros permisos pendientes de disfrutar antes de su jubilación.
Sin embargo, es necesario destacar que el comisario está de vacaciones hasta que se jubile el 18 de septiembre, por lo que no tienen ningún sentido práctico las resoluciones adoptadas.
Según las mismas fuentes “También se evita así la relación entre Pomares y el denunciante, así como entre el comisario y la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, y el alcalde, Pepe Vergara, a los que denunció por un supuesto acoso laboral que la comisión resolvió como un conflicto laboral y que convenía distanciar a las partes”.
La duración de su adscripción forzosa al otro puesto de trabajo “es temporal y finalizará con la terminación del expediente disciplinario o la jubilación del inculpado el próximo 18 de septiembre”. Es decir, mantiene en todo caso su plaza como comisario de la Policía Local una vez finalizada la medida cautelar.
Por último, se ha requerido a Pomares a que haga entrega este lunes en las dependencias de la Policía Local de los uniformes, el arma y la credencial de Policía Local, así como las llaves y el vehículo municipal, ordenador y teléfono móvil municipal, con sus respectivas claves de acceso, y los claves de acceso a plataformas de gestión policial o canales de comunicación del servicio.
Por su parte, Pomares ha manifestado que es expediente de «una sinrazón», puesto que se encuentra de vacaciones desde el 20 de mayo hasta el 18 de septiembre.
