La Junta Local de Seguridad de Pontevedra ha puesto sobre la mesa un descenso de la criminalidad en el municipio, con 2.353 delitos registrados en 2025, un 6 % menos que en 2019. Las autoridades locales y estatales destacan que la ciudad mantiene niveles de seguridad estables, pese a la percepción de inseguridad generada en el debate político. También se abordaron problemas puntuales de convivencia vinculados a personas en situación de vulnerabilidad.
La ciudad de Pontevedra acogió el pasado lunes una nueva Junta Local de Seguridad en la que participaron responsables de los distintos cuerpos policiales y representantes institucionales. Tras la reunión de coordinación, comparecieron la alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, quienes ofrecieron un balance de la situación de seguridad ciudadana en el municipio.
Según los datos trasladados por la Subdelegación del Gobierno, durante el año 2025 se contabilizaron 2.353 delitos en la ciudad, una cifra que refleja un descenso del 6 % respecto a 2019, cuando se registraron 2.515 infracciones penales. Estas cifras corresponden a los delitos incluidos en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior y no contemplan los ciberdelitos, cuya evolución, según explicó Losada, sigue una tendencia creciente pero queda fuera de la percepción directa de la ciudadanía en materia de seguridad.
En el análisis detallado, también se hizo referencia a los delitos de lesiones en el contexto de riñas tumultuarias, con un total de 41 casos en Pontevedra durante el último año. Este dato se sitúa por debajo de otras ciudades gallegas como A Coruña, que registró 105, o Ferrol, con 44 incidentes de este tipo.
Tanto Vilaverde como Losada coincidieron en calificar a Pontevedra como una ciudad segura. Las declaraciones se producen en un contexto de críticas por parte de la oposición municipal, que viene denunciando un supuesto aumento de la inseguridad. En este sentido, el subdelegado reconoció la existencia de determinados perfiles con dificultades de integración social, algunos vinculados al consumo o pequeña distribución de sustancias, pero insistió en que se trata de situaciones que no configuran un problema estructural de seguridad.
“Son personas vulnerables que generan molestias o alteraciones puntuales, pero no estamos ante un escenario grave de inseguridad ciudadana”, afirmó Losada, quien añadió que este tipo de realidades se repiten en múltiples ciudades, tanto en España como en otros países. Asimismo, subrayó que la solución a estas situaciones no es exclusivamente policial, sino que requiere intervención judicial y social para abordar el problema de fondo.
En relación con la preocupación por posibles grupos juveniles violentos, el representante del Gobierno negó la existencia de bandas organizadas en la ciudad, señalando que este concepto implica una estructura jerárquica y una actividad delictiva continuada. En su lugar, apuntó a conflictos esporádicos entre grupos de jóvenes o conocidos como origen de algunas de las riñas registradas.
Por su parte, la alcaldesa accidental respaldó el diagnóstico y expresó su deseo de que la ciudad mantenga los actuales niveles de seguridad. Ambas autoridades coincidieron en rechazar la creación de una percepción de inseguridad que, a su juicio, no se corresponde con los datos objetivos disponibles.
