La reducción de la tasa máxima de alcohol permitida al volante no saldrá adelante, al menos por ahora. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado la propuesta que planteaba rebajar el límite hasta los 0,2 gramos por litro en sangre, una medida que buscaba acercar la normativa española a un modelo de tolerancia prácticamente cero.
La votación, ajustada hasta el último momento, evidenció la falta de consenso político en torno a una iniciativa que contaba con respaldo técnico pero no parlamentario suficiente. El resultado final, 19 votos en contra frente a 18 a favor, deja en vigor los límites actuales y mantiene abierto un debate de fondo sobre la eficacia de las políticas de prevención en materia de seguridad vial.
El rechazo de la propuesta se sustentó en los votos en contra de Partido Popular (PP), Vox, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), formaciones que coincidieron en cuestionar la oportunidad o el enfoque de la medida, aunque desde perspectivas diferentes. Frente a ellos, PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV y Junts defendieron la rebaja como una decisión coherente con las recomendaciones de organismos especializados y con la evidencia científica sobre el impacto del alcohol en la conducción.
La división no es menor: pone de relieve las dificultades para avanzar en reformas que, pese a su base técnica, requieren de amplios acuerdos políticos para prosperar.
Argumentos contrapuestos
Entre los grupos que votaron en contra, el PP señaló deficiencias en la tramitación y criticó la ausencia de un enfoque integral que incluya otras variables como el estado de las infraestructuras o la educación vial. Vox, por su parte, calificó la medida de excesiva, mientras que ERC abogó por un planteamiento más amplio en el que las comunidades autónomas tengan mayor protagonismo.
En el bloque favorable, los partidos que apoyaron la iniciativa insistieron en que la reducción de la tasa responde a un criterio preventivo claro: minimizar el riesgo desde el primer consumo de alcohol, dado que incluso niveles bajos afectan a la capacidad de conducción.
Más allá del debate político, los datos siguen situando al alcohol como uno de los principales factores concurrentes en los accidentes de tráfico. Diversos informes apuntan a que entre el 40% y el 50% de los conductores fallecidos presentaban alcohol u otras sustancias en su organismo. Esta realidad refuerza el argumento de quienes defienden políticas más restrictivas, bajo la premisa de que la única tasa segura es cero. No obstante, la falta de consenso político ralentiza la adopción de medidas en esta dirección.
La decisión del Congreso implica que se mantienen los límites actuales: 0,5 g/l en sangre para conductores en general y 0,3 g/l para noveles y profesionales. En la práctica, esto supone continuidad en el marco normativo y en las estrategias de control ya implantadas.
Para los cuerpos de seguridad, y especialmente para la Policía Local, el resultado refuerza la importancia de las actuaciones preventivas: controles de alcoholemia, campañas de concienciación y presencia policial como elementos clave para reducir la siniestralidad.
Aunque la propuesta ha sido rechazada, el debate dista mucho de cerrarse. La tendencia en numerosos países europeos apunta hacia límites más restrictivos, y la presión de organismos técnicos y asociaciones vinculadas a la seguridad vial continúa en aumento.
La decisión del Congreso refleja, en última instancia, la complejidad de equilibrar criterios técnicos, percepción social y estrategia política. Mientras tanto, la seguridad en las vías seguirá dependiendo en gran medida de la responsabilidad individual y del trabajo constante de prevención y control.
