La Fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer posibles irregularidades en la gestión y anulación de multas de tráfico en el municipio de Arrecife (Lanzarote), tras detectarse la cancelación de sanciones por un importe total superior a 575.000 euros. La investigación se abrió después de que la Policía Local de Arrecife detectara y denunciara la retirada irregular de numerosas sanciones, lo que llevó a la Fiscalía a presentar una querella contra siete trabajadores del Ayuntamiento, uno de ellos ya jubilado.
Según los informes remitidos al Ministerio Fiscal, podrían haberse anulado más de 2.200 expedientes sancionadores sin seguir el procedimiento administrativo establecido. Estas actuaciones habrían provocado que el Ayuntamiento dejara de ingresar 575.583 euros en concepto de sanciones de tráfico.
El fiscal considera que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, al haberse cancelado sanciones presuntamente sin la tramitación formal exigida por la normativa.
La investigación se inició tras una auditoría interna encargada por el Ayuntamiento, que analizó el sistema informático utilizado para la gestión de multas y permitió identificar a los usuarios que realizaron las anulaciones. La documentación resultante fue posteriormente remitida a la Fiscalía para su análisis.
Entre las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal figura la declaración de los siete trabajadores investigados, así como la de técnicos municipales y responsables de los informes elaborados durante la auditoría. También se ha solicitado que el Ayuntamiento aporte el listado completo de las sanciones anuladas, con detalles sobre la fecha, el usuario que realizó la cancelación, el motivo y el importe correspondiente.
Asimismo, el alcalde de Arrecife deberá declarar como testigo, después de que en algunos registros informáticos se justificara la anulación de determinadas sanciones con la expresión “orden directa del alcalde”, circunstancia que la investigación pretende aclarar.
Las diligencias continúan abiertas con el objetivo de determinar si las anulaciones se realizaron conforme a la legalidad o si, por el contrario, se produjeron actuaciones contrarias a la normativa administrativa en la gestión de sanciones de tráfico.
