El Ayuntamiento de Fraga se encuentra actualmente investigando una denuncia presentada contra la concejala de Policía Local, Verónica Alins, quien también ejerce como teniente de alcalde en el equipo de gobierno local. El origen de esta investigación se remonta a una acusación realizada por un exagente de la Policía Local, quien sostiene que la edil solicitó un supuesto trato de favor para su marido en relación con una multa de tráfico.
Según el diario Segre, los hechos habrían tenido lugar el 31 de agosto de 2023, apenas dos meses después de la constitución de la nueva corporación municipal, tras las elecciones locales celebradas en mayo de ese mismo año. En dichos comicios, el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta, lo que permitió a Ignacio Gramún convertirse en alcalde.
La denuncia fue presentada el 8 de septiembre a través del portal de transparencia del Ayuntamiento. En ella, el exagente relata que recibió en su teléfono móvil un mensaje de texto en el que la concejala solicitaba que se hiciera «caso omiso» a un procedimiento sancionador abierto contra un camión que había incumplido una señal de tráfico, prohibiendo el estacionamiento de este tipo de vehículos en el casco urbano. El vehículo sancionado, según justificó Alins, pertenecía a su marido. Además, la edil pidió que esta información fuese transmitida a los agentes del turno de noche para que tampoco actuaran ante dicha infracción. El denunciante afirma que custodia pruebas que respaldan su declaración.
Reacción del Ayuntamiento y posibles consecuencias
El Consistorio ha confirmado la apertura de una investigación en cuanto tuvo conocimiento de los hechos a principios de septiembre. Mediante un comunicado, el Ayuntamiento manifiesta que el objetivo de las pesquisas es esclarecer la naturaleza exacta de los hechos y sus posibles implicaciones legales. Pero, por el momento, el equipo de gobierno no ha adoptado ninguna medida provisional contra la concejala que sigue dirigiendo la Policía Local.
En la denuncia, el exagente argumenta que los hechos podrían constituir un delito, dado que la concejala habría utilizado su posición para ejercer una influencia indebida sobre un funcionario público, con la finalidad de obtener un beneficio para un tercero, en este caso, su marido. El Ayuntamiento deberá decidir si continúa el proceso por la vía administrativa o si remite el caso a los juzgados para su posible tramitación penal.
Exigencias y valoración de la oposición
La reacción de la oposición municipal no se ha hecho esperar. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ramón Salamó, ha exigido la dimisión inmediata de Verónica Alins. En caso contrario, pide al alcalde Ignacio Gramún que la cese de sus funciones. Salamó argumenta que no se puede permitir que una persona «manche» el trabajo del resto de concejales con su actitud y considera que lo expuesto en la denuncia apunta a un presunto abuso de poder.
El portavoz socialista sostiene que Alins no puede continuar en el equipo de gobierno ni un minuto más y que debe ser relevada de todas sus responsabilidades. Expresa su preocupación ante la posibilidad de que la concejala haya intentado utilizar su posición para beneficiar a un familiar.
Además, Salamó exige explicaciones al alcalde, considerando que, si no tenía conocimiento de estos hechos, demuestra desinterés por el funcionamiento del Ayuntamiento, y si sí los conocía, habría mantenido en el puesto durante dos años a una persona que presuntamente pudo incurrir en delito.
