El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado el cese inmediato de Óscar San Juan, comisario y asesor directo del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, tras tener conocimiento de una querella por agresión sexual presentada contra el hasta ahora máximo responsable operativo del Cuerpo, José Ángel González, en la que la denunciante afirma haber recibido presiones para guardar silencio.
Antes de la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, Marlaska explicó que, una vez conocida la existencia de las acusaciones, solicitó que San Juan fuera relevado “de cualquier responsabilidad” dentro de sus funciones actuales. Asimismo, informó de la apertura de una información reservada, que se encuentra en fase de análisis, con el objetivo de esclarecer los hechos.
Presuntas presiones a cambio de silencio
Según recoge la querella, presentada por una subordinada del DAO, Óscar San Juan habría ejercido presiones sobre la denunciante “mediante el ofrecimiento de destinos laborales a elección a cambio de su silencio”, unos hechos que el escrito califica como un intento de “compra del silencio de la víctima mediante dádivas profesionales derivadas del poder institucional del querellado”.
En el marco de las diligencias judiciales, el abogado de la denunciante ha solicitado que San Juan sea citado en calidad de testigo. Por su parte, el juez ha acordado la comparecencia de la querellante el próximo 17 de marzo y la toma de declaración de José Ángel González como querellado.
Dimisión del DAO
Respecto al director adjunto operativo, el ministro del Interior ha asegurado que no tuvo conocimiento previo de la querella y que, en cuanto fue informado, solicitó su renuncia. González presentó su dimisión a última hora de la tarde del martes.
Marlaska ha manifestado públicamente que estos hechos han supuesto para él una “decepción manifiesta” y ha subrayado el compromiso del Ministerio del Interior con la tolerancia cero ante cualquier conducta que vulnere la legalidad, la ética profesional o los derechos de las personas.
El departamento que dirige ha reiterado que colaborará plenamente con la autoridad judicial y que adoptará cuantas medidas sean necesarias para garantizar la transparencia, la depuración de responsabilidades y el correcto funcionamiento de las instituciones policiales.
