La Policía Local de Palma ha celebrado recientemente la decimoquinta edición del curso de autoprotección que imparte a víctimas de violencia de género. En el acto conmemorativo, el jefe del cuerpo, Guillem Mascaró, informó que la Oficina de Denuncias de la Policía Local ha tramitado 596 atestados y diligencias por violencia de género en lo que llevamos de año, mientras que el año pasado fueron 642 en total.
Esta información sale a la luz pocos días después de que el concejal de Seguridad Ciudadana anunciara que iba a eliminar este servicio, para centralizar la instrucción y tramitación de denuncias únicamente en la Policía Nacional y así poder “liberar efectivos de la Policía Local para proteger mejor a las víctimas de la violencia de género”, como si la tramitación de las denuncias y la investigación de este tipo de delitos no formara una parte esencial en la lucha contra esta lacra social.
Sin embargo, casi de forma inmediata, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, desautorizó públicamente al concejal, afirmando en una rueda de prensa que esta medida no se llevaría a cabo y que todo seguiría igual. No ha trascendido ninguna información sobre esta evidente e importante contradicción entre el alcalde y su concejal de Seguridad.
En cualquier caso, la Policía Local continuó con su trabajo y así presentaron la nueva edición del curso diseñado para ayudar a las mujeres a detectar comportamientos machistas y defenderse de las agresiones.
Conferencia del juez Joaquín María Andrés
Uno de los platos fuertes del evento lo protagonizó el magistrado del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Palma, Joaquín María Andrés, con una conferencia sobre el presente y futuro de la Ley Integral contra la Violencia de Género 20 años después de su aprobación.
En declaraciones a los medios, el juez habló sobre la importancia de la educación contra el machismo, tanto en casa como en las escuelas: «Me preocupa la cantidad de delitos por violencia de género que cometen personas menores de 25 años», comentó. También apuntó que uno de los agravantes en Baleares es el precio de la vivienda, que obliga a algunas parejas a seguir conviviendo después de haber roto la relación, lo que acaba generando «un caldo de cultivo para situaciones violentas».
Aprovechó además para reivindicar más recursos para los juzgados de Inca y Manacor, que son juzgados de instrucción con violencia de género, tienen mucha carga de trabajo atribuida y por tanto mayor retraso. En Palma, recordó la necesidad urgente de una mayor dotación de personal como psicólogos, asistentes sociales o incluso forenses para hacer frente a los informes que emiten los juzgados. Andrés tampoco quiso pronunciarse sobre la polémica de estos días y alegó que esta es «una cuestión de política municipal» y de «gestión de recursos».
