Durante los primeros cuatro meses y medio de la norma se han registrado 17.461 denuncias, frente a las 25.956 del mismo periodo del año anterior, de manera que se sustenta el efecto disuasivo. La Guardia Urbana ha llevado a cabo una aplicación más selectiva de la ordenanza, orientada a las conductas de más afectación.
Desde el 15 de febrero la policía municipal ha desplegado un dispositivo integral que combina patrullas uniformadas y de paisano para intervenir en los puntos con más reiteración de incidencias. Este dispositivo incluye la coordinación con otros servicios municipales, y se revisa periódicamente según la evolución de los incidentes y las denuncias.
Por tipo de sanción, el cambio principal se produce en el ámbito del consumo de bebidas alcohólicas, en el que las denuncias pasan de 18.015 a 6.830 (-62,1 %). El descenso está condicionado por la desaparición de dos supuestos de denuncia que existían hasta febrero y que se han sustituido por nuevas infracciones vinculadas a la alteración efectiva de la convivencia ciudadana.
Aumento de las actuaciones en el espacio público
Uno de los ámbitos que concentra más actividad policial es el de las necesidades fisiológicas en la vía pública. Las denuncias aumentan un 15,2 %: pasan de 2.722 a 3.136. La reforma incorpora nuevos supuestos agravados que permiten sancionar conductas especialmente problemáticas para la convivencia.
Las denuncias por otras conductas de ensuciamiento se incrementan un 310 % y pasan de 414 a 1.698. Paralelamente, las denuncias por uso impropio del espacio público aumentan considerablemente, de 43 a 481 casos. Estos datos evidencian una apuesta municipal por reforzar la actuación sobre los comportamientos que impactan directamente en la percepción de limpieza, orden y calidad del espacio público.
Las denuncias por comercio ambulante sin autorización aumentan un 13 %, de 4.016 a 4.538. Paralelamente, la Guardia Urbana ha registrado 13.416 actuaciones por abandono de productos destinados a la venta ambulante, una cifra muy similar al año anterior.
Más de 11.000 sanciones impuestas
Durante este periodo, la Oficina de Convivencia ha impuesto 11.557 sanciones y ha registrado 4.740 expedientes abonados. Una parte relevante de los expedientes continúa todavía en fase de tramitación administrativa y provienen de denuncias anteriores al periodo analizado.
La nueva ordenanza ha reforzado la capacidad disuasiva del régimen sancionador con el incremento de los importes para las conductas que generan más afectación sobre la convivencia. A esta circunstancia se suma la reducción de la bonificación por pago voluntario e inmediato, que ha pasado del 75 % al 50 %, para aumentar la efectividad y la responsabilización de las personas infractoras.
De manera paralela a la actividad sancionadora, el Ayuntamiento sigue apostando por las vías educativas y restaurativas previstas en la normativa. Los expedientes de medidas alternativas a la sanción gestionados por la Oficina de Convivencia han aumentado un 169,8 %, de 96 a 259.
La implantación de la nueva ordenanza ha ido acompañada de un amplio programa de formación dirigido a personal municipal, mandos de la Guardia Urbana, agentes cívicos y mandos de los Mossos d’Esquadra. En total, más de 260 profesionales han participado en sesiones específicas para garantizar una aplicación homogénea del nuevo marco normativo en toda la ciudad.
