Un reciente caso ocurrido en Cádiz, en el que una persona con una discapacidad intelectual sufrió un grave episodio de ansiedad tras una intervención policial por una infracción administrativa, ha generado un intenso debate social y mediático. Más allá de la valoración judicial de los hechos, este episodio interpela directamente a nuestra responsabilidad profesional como policías.
Porque el ejercicio de la función policial no se limita al cumplimiento mecánico de una ordenanza municipal. Nuestro trabajo está regido por algo más profundo: los principios básicos de actuación que emanan de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que dan sentido al servicio público que prestamos a diario. Entre ellos, el trato correcto con la ciudadanía, la proporcionalidad en el uso de la intervención y la especial protección de las personas vulnerables.
Alimentar palomas en la vía pública puede ser, en determinadas circunstancias, una infracción administrativa. Nadie discute ese marco legal. Lo que sí debe hacernos reflexionar como colectivo es cómo se actúa cuando quien infringe esa norma es una persona con discapacidad intelectual, con problemas de salud mental y una capacidad claramente limitada para comprender la situación. Aquí es donde la profesionalidad se pone realmente a prueba.
La autoridad policial no se construye solo desde la sanción, sino desde la capacidad de intervenir con inteligencia emocional, técnica y humanidad. Una persona con discapacidad intelectual puede reaccionar con miedo, bloqueo o ansiedad ante una presencia policial, especialmente si no comprende lo que se le exige. En esos casos, la intervención estándar deja de ser válida.
La proporcionalidad no solo se mide en términos de fuerza física o coercitiva. También se mide en el impacto emocional de nuestra actuación. Y esa dimensión, aunque no aparezca explícitamente en un boletín de denuncia, es determinante para la dignidad de la persona y para la imagen de la propia institución.
Formación, protocolos y cultura profesional
Este caso llega, además, en un momento especialmente significativo. Hace apenas unos días, la Policía Local de Valencia presentó una Guía para la Actuación con las Personas con Discapacidad Intelectual, un documento que marca un camino claro: la formación especializada no es un complemento, es una necesidad operativa.
Hablar de discapacidad intelectual, autismo, trastornos de salud mental o diversidad funcional ya no es algo excepcional en la práctica policial. Es parte del servicio diario. Y, sin embargo, muchos agentes no han recibido nunca formación reglada sobre cómo intervenir en este tipo de situaciones.
No hablamos solo de saber qué dice la ley. Hablamos de:
- Cómo comunicarnos con una persona que no procesa la información como el resto.
- Cómo identificar una reacción de pánico.
- Cómo evitar que una intervención menor termine en una crisis mayor.
- Cuándo hay que activar servicios sanitarios o sociales.
- Cuándo la mediación es más eficaz que la sanción.
A veces se plantea, de forma errónea, que proteger al vulnerable supone “aflojar” en la aplicación de la norma. Nada más lejos de la realidad. El cumplimiento de la Ley y el respeto a los derechos fundamentales no compiten: se refuerzan mutuamente.
Una intervención ajustada, empática y técnicamente correcta: reduce conflictos; evita denuncias posteriores; protege a la ciudadanía y a los propios agentes de Policía; por último: refuerza la legitimidad social de la Policía.
Como colectivo profesional, debemos ser capaces de mirar estos casos sin corporativismos ciegos, pero también sin linchamientos sumarios. La autocrítica es una herramienta de mejora, no un ataque a la institución.
Cada actuación con una persona vulnerable es, en realidad, un examen público de nuestra vocación de servicio. Y ese examen no se aprueba solo con una denuncia correctamente confeccionada, sino con humanidad, proporcionalidad, formación y sentido del deber.
Hoy más que nunca, la sociedad no nos pide solo que hagamos cumplir la ley. Nos pide que sepamos a quién se la aplicamos, cómo lo hacemos y con qué consecuencias. Ahí es donde empieza, de verdad, la profesionalidad policial.
